Tres semanas después de que se anunciaran, los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a los inquilinos más vulnerables a pagar sus rentas siguen pendientes de dos trámites. El primero de ellos es la orden del Ministerio de Fomento que definirá los requisitos para conceder la ayuda. El segundo es el convenio que deberá firmar el ICO con la banca.

 

Fuentes del ministerio señalan que ambos procesos se encuentran muy avanzados. La idea es que todo quede listo en el Consejo de Ministros del próximo martes. A partir de ahí, señalan fuentes de la banca, sería cuestión de días que los clientes pudieran solicitar los préstamos, aunque dependerá de los requisitos que ponga la orden ministerial.

 

Lo que sí se sabe ya es que la línea de ayuda tendrá un tope de 1.200 millones. Así quedó fijado en el decreto de medidas económicas complementarias que publicó el BOE el pasado miércoles. Conocida esa cuantía, solo falta la orden ministerial que fije las condiciones bajo las que los bancos podrán dar esos préstamos. Aunque esa orden podrá añadir nuevos requisitos, el decreto que estableció las ayudas, el pasado 31 de marzo, ya fijó algunos criterios sobre qué inquilinos se encuentran en situación de vulnerabilidad.

 

Las condiciones para acceder a los préstamos son de dos tipos: por un lado, el solicitante debe haber quedado desempleado, entrar en un proceso de despido temporal (ERTE), haber reducido su jornada para realizar cuidados o, si es empresario, demostrar una bajada "sustancial" de ingresos a raíz de la epidemia. Como resultado, la unidad familiar debe quedar con ingresos inferiores a tres veces el IPREM (equivalente a 1.613,52 euros al mes) con algunos correctores en función del número de hijos u otras circunstancias. En segundo lugar, la renta de alquiler más los pagos básicos de vivienda deben suponer más del 35% de los ingresos de la unidad familiar.

 

En el decreto se estableció que la cuantía máxima del préstamo avalado por el ICO será de seis meses de renta y que se trata de un crédito finalista que solo puede servir para abonar el alquiler. Puesto que la intención del Gobierno es que tenga efecto retroactivo al 1 de abril, en principio se podría solicitarse el importe equivalente a la suma de las rentas de alquiler entre abril y septiembre. En cuanto al plazo de devolución, originalmente será de seis años, pero prorrogable cuatro años más. dad Social y Hacienda), y un incremento del gasto publico (ERTE, y subsidios por desempleo).

 

"Los empresarios tenemos miedo a perder el negocio, los trabajadores a perder el trabajo, los proveedores a no cobrar facturas...", señala Toni Simoes, dueño de La Taverna del Clínic, en pleno corazón de Barcelona. Su negocio, con cabida para entre 40 y 50 comensales, sigue adelante gracias al envío a domicilio, en una readaptación tan forzosa como exitosa. "Me está sirviendo para poder vivir, no para cambiar de coche o hacer obras en casa. Estamos mi padre, el repartidor y yo. No es que haya un volumen de trabajo muy grande, pero sí suficiente. No somos un restaurante para comer cada día, pero los fines de semana la gente quiere algo más especial y a partir de ahí estamos funcionando bien", reconoce.

 

Este nuevo enfoque le ha proporcionado otros beneficios igualmente valiosos. "Nuestro negocio va a cambiar cuando abramos, vamos a tener otro tipo de restructuración. Me estoy dando cuenta de que la poca tranquilidad que me queda es que este mes casi no tengo gastos (ha aumentado la franja de pago a los proveedores), y con este peso que te quitas de encima se vive muy bien. Me ha servido para darme cuenta de que tengo menos dolores de cabeza si en lugar de gastar cuatro para facturar cinco, gasto uno y facturo 2,5".

 

"El sector no pudo prepararse para este repentino cierre de actividad y la mayoría de las empresas son pequeñas. De los más de 320.000 negocios (restaurantes, cervecerías, cafeterías, bares, etcétera), más del 70% no cuentan con más de tres empleados en sus plantillas. Pymes y autónomos son los que mueven este sector, y se caracterizan por sus bajos niveles de capitalización o ahorro, y no disponen de liquidez para soportar los gastos estructurales y operativos si la facturación se viene abajo", explica Cuadrupani. "El beneficio medio por centro estimado no es alto. Un local hostelero bien gestionado y explotado con una facturación estable puede generar un 18% de rentabilidad sobre su facturación".

 

Tan diverso en su concepción empresarial como heterogéneo en su ejecución con los fogones, ni siquiera los restaurantes con pedigrí cotizan al alza en seguridad ante semejante escenario. "Todos sabemos que habrá cambios en el volumen de negocio", valora Paco Pérez, propietario y chef del restaurante Miramar, con dos estrellas Michelín, en Llançà (Girona). Cerrado en enero y febrero, apenas estuvo abierto una semana en marzo: "En nuestra temporada alta, el verano, movemos mucho cliente extranjero, casi un 40%, y eso lo vamos a perder". Su local, de 140 metros cuadrados, tiene espacio para ocho mesas, por lo que las probables restricciones de aforo que se vislumbran no le afectarían. "No tendremos un hándicap en este sentido, pero sí en otros como saber con qué medidas de seguridad vamos a trabajar", lamenta Pérez.